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EL TURNO ES DE PERÚ

EL TURNO ES DE PERÚ

¿QUIÉN ES PEDRO CASTILLO TERRONES?

Es un lugar común en los medios peruanos, sembrar la cizaña contra Pedro Castillo Terrones, Presidente Constitucional de la República: rechazan su origen familiar, minimizar la labor de maestro rural, dudan de la actividad de rondero cuando los años aciago de Sendero Luminoso y las fuerzas armadas que por igual persiguieron y ejecutaron en masa a las comunidades campesinas.

En Perú la Academia de la lengua tuvo que incorporar la palabra «terruco» para identificar al presunto autor de actos terroríficos; en el argot popular la frase «estas terruqueando» es despectiva porque dice de la actividad del terrorista por excelencia.

El periodista Nicolás Lúcar de radio Exitosa, entrevistó al Presidente Castillo, y, por enésima vez, repreguntó sobre el sombrero, la familia, el comunismo, el gabinete y sus enemigos políticos, la relación con el doctor Vladimir Cerones, presidente del partido Perú Libre, y, de luz lateral, los problemas de la minería, el medio ambiente y el caso de la transnacional española Repsol (autora del derrame de petróleo que aún afecta al ecosistema, disminuye el turismo por causa de las playas contaminadas), la posibilidad de convocar al pueblo para preguntar sobre la Constituyente que preparará la Carta Política, misma que será sometida a consulta popular. El saldo de la entrevista no fue más allá de la mediocridad.

La oposición política hizo su propia crítica a propósito de la entrevista. Acusan al entrevistador de fraude periodístico, esto es, montado por un tercero que preparó la batería de preguntas para que Castillo responda con aire dicharachero.

En los medios peruanos el debate se circunscribe a buscar el origen de los problemas del país en los 2 hemisferios cerebrales del Presidente Pedro Castillo; de allí las interrogantes: ¿Quién es?, ¿Qué quiere?, ¿Hacia dónde va el Perú de la mano del profesor rural? Los periodistas rehúyen las preguntas, relacionadas con la pobreza y el crimen organizado, los contratos injustos firmados por los gobiernos a favor de las transnacionales mineras, petróleo y gas; la inflación y el costo del dinero, los grupos de poder económico y su mísero aporte al erario nacional.


Pocos intelectuales abordan con responsabilidad los problemas socioeconómicos y culturales desde la perspectiva mundial.


Más de una docena de partidos políticos disputaron la presidencia y otros tantos las bancadas del Congreso Nacional que, dicho sea de paso, controlan al Ejecutivo mediante una norma de la Constitución que dispone la aplicación del voto de confianza, en este caso de la mayor parte de congresistas de oposición. O la negativa, que impone el nombramiento de un nuevo gabinete ministerial, y si este último no es de la preferencia de la oposición, pende la posibilidad cierta de cerrar el Congreso por obstruir la labor del poder Ejecutivo.

Perú es un país minero por excelencia sin desmerecer su potencialidad agrícola. Casi toda su riqueza nacional proviene del impuesto a la minería cuyas corporaciones extranjeras, entre canadienses, norteamericanas, chinas y españolas garantizan su estancia mediante contratos favorables a sus intereses económicos, amparados por la Constitución Política de marca y patente fujimorista.

Los grupos de poder económico operan bajo fusiones para evitar la concertación por debajo. El Estado los fiscaliza pero su éxito es relativo, y los precios en subida afectan al consumidor.

La oposición política no está desencaminada al perseguir a Perú Libre y sus dirigentes. En menos de 6 meses de gobierno, Castillo ha quedado sin partido político. La mayoría del Congreso ha cuestionado más de una vez a varios ministros, y los ha echado del gabinete, bajo la cuña del voto de (des)confianza. Los casos del ex Canciller Héctor Béjar y del ex premier Bellido que fueron cesados de sus funciones por resolución de los diputados de oposición, evidencia el odio visceral de la bancada fujimorista, sus aliados y la embajada yanqui. A este respecto y en referencia a Perú Libre, en la entrevista de Lúcar, Castillo declaró que a raíz del triunfo electoral, dejó de pertenecer a este partido porque su investidura de Presidente alcanza a todos los peruanos; semejante frase manida de corte liberal, muestra la debilidad del régimen y la fortaleza de las castas.

Las escuelas políticas de la plaza histórica San Martín, de Lima, recogen firmas por el referéndum y la convocatoria a nueva Asamblea Constituyente, campaña que se extiende por todo el país para presionar al Presidente Castillo, al Congreso y el Tribunal Constitucional; de otro lado la oposición también recolecta firmas, con la participación de grupos de venezolanos (seguidores de Guaidó) que reciben subvenciones de los empresarios privados y la embajada norteamericana.

El verdadero rostro del Presidente Castillo está por dibujare en el horizonte político: asume la defensa de la unión latinoamericana junto a los pueblos de Venezuela, Chile, Bolivia, México, Cuba y Nicaragua, el alineamiento político de lado del posible triunfo de Lula en Brasil y Petro en Colombia. O inclina la cerviz, sumiso, ante la política exterior del Presidente norteamericano Joe Biden.

Al cumplir 1 año de Gobierno, el Presidente Castillo será juzgado por el pueblo.

Las promesas de mejor atención de salud y educación dependen de una propuesta de reforma tributaria que, según Castillo, no afectará a la clase media ni a los trabajadores sino “a los que más tienen”. El pedido de delegación de facultades legislativas para dicha reforma debe aprobarlo el Congreso. Este pedido duerme en el archivo del Congreso, y sólo reaparece para el juego de chantaje entre la oposición y el poder Ejecutivo.

Los 100 días de gobierno del Presidente Castillo dejó un saldo positivo en la vacunación pero fracasó en la denominada «masificación del gas». Sobre esto último el Ministro Francke aseveró que «Camisea no solo exporte a Asia y Europa, sino que sea distribuido a precios baratos el gas a los ciudadanos en Cusco —donde está el yacimiento— y a casi una decena de regiones». La promesa cayó en saco roto.

Será juzgado por el pueblo en atención a los resultados respecto de la revisión de los contratos mineros, las reformas en los derechos de la salud y la educación; la disminución de poder económico a Confiep y de los oligopolios, el control de precios de los fármacos, por nombrar sólo unos cuántos problemas sociales. Y en política exterior, trabajar por la unión de los pueblos latinoamericanos, en defensa de las propuestas de la CELALC y UNASUR. En el caso de la solidaridad con Bolivia, la posibilidad de ceder una parte del litoral marítimo, mediante consulta al pueblo.

A guisa de ejemplo, hemos compartido las investigaciones de OJOPÜBLICO sobre la realidad actual de Perú, en lo referente a los grupos de poder económico, que no aceptan en el poder político a Pedro Castillo porque es una amenaza a sus privilegios; de allí su intensión de derrocarlo a través de sus bancadas de diputados.

El país que heredó

–Con datos recopilados hasta el 2018  (Perú Top Publications), identificó que 1.666 compañías de diferentes rubros cumplen el segundo requisito fijado en el decreto (facturar no menos de S/77 millones al año); mientras que 266 de estas empresas registran ventas anuales superiores al primer tope normado (S/507 millones), por lo que si intentan una compra o fusión con alguna de sus competidoras deberán pasar antes por el control previo del Estado.

-En la lista de 1.666 empresas, funcionan tanto estatales cuanto privadas que operan en un solo rubro del mercado. Sin embargo, 124 de ellas forman parte, en calidad de subsidiarias, de 54 grupos de poder con inversiones simultáneas en diferentes sectores como el comercio, minería, banca, energía, cemento, hidrocarburos y otros. 

-El primer lugar en este ranking lo ocupa el mayor holding del Perú: Grupo Romero, que es controlado por el banquero Dionisio Romero Paoletti. Este grupo económico tiene 13 compañías vinculadas al negocio alimentario, de transporte, combustible, bancos y aseguradoras, cuyos niveles de facturación los ponen en la mira de la regulación estatal.

-A continuación, siempre en base a Top Publications, aparece Intercop de Carlos Rodríguez Pastor y sus ya citadas inversiones en boticas, financieras, laboratorios y supermercados. Después, el Grupo Breca, de la familia Brescia Cafferata, en los sectores de minería y salud.

-En esta lista también ubicamos a la suiza Glencore y sus seis operaciones mineras en Lima, Junín y Cusco; así como al conglomerado chileno Falabella con cinco supermercados, bancos y tiendas por departamentos; y a la compañía extractiva local Minas Buenaventura, que tiene como accionista al extitular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, y que posee cinco proyectos mineros.

Los Oligopolios consolidados

-El Decreto de Urgencia 013-2019 para fiscalizar las fusiones empresariales llegó cuando los sectores salud, bebidas, alimentos, banca, pesca y hasta de medios de comunicación ya estaban concentrados en pocas manos. No existe una única firma que domine el mercado, un fenómeno que se conoce como monopolio; pero sí dos, tres o cuatro grandes que poseen el mayor número de ventas y facturación. Es decir varios oligopolios.

-Por ejemplo, la concentración en el negocio de las cadenas de boticas inició el 2011, cuando la empresa Mifarma compró BTL casi al mismo tiempo que su rival, Inkafarma, era adquirida por Intercorp. Al año siguiente, la misma Mifarma absorbió a Fasa y posteriormente hizo lo mismo con Arcángel y su distribuidora Albis. El 2016, el Indecopi descubrió que todas ellas habían concertado el alza de precios de 36 medicamentos y las multó con S/9 millones. Y para el 2018 Mifarma e Inkafarma terminaron fusionándose. 

-En el negocio de la comercialización de combustibles, el 2018, Primax –subsidiaria del Grupo Romero– compró el 94% de las acciones de su rival Pecsa, operación que la posicionó, junto con Repsol y la estatal peruana Petroperú, en un triunvirato que posee el 65% del mercado de grifos. 

-Años antes, el 2016, se confirmó la fusión entre la empresa belga-brasileña AB Inbev y quien fuera su competidor mundial: SAB Miller, propietaria de Backus y Johnston en el Perú, con lo cual pasó a controlar el 95% del mercado cervecero local. Desde entonces, marcas locales como Cristal, Pilsen, Cusqueña, Arequipeña y San Juan pasaron a formar un solo portafolio con marcas extranjeras como Budweiser, Stella Artois y Corona (y Brahma, que luego salió de circulación).

-Para el 2018, El Comercio ya había adquirido el 36.4% del capital social de Prensmart S.A.C. (ex Epensa), convirtiéndose así, en dueño del 100% de las acciones de la empresa que imprime y comercializa los diarios Correo, El Bocón y Ojo. Además, en octubre pasado, el Indecopi inició un proceso sancionador en este rubro de impresión, luego de detectar las empresas Industria Gráfica Cimagraf S.A.C., Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A., Quad/Graphics Perú S.A., así como El Comercio y su subsidiaria Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., se habrían coludido para repartirse contratos de servicios de impresión solicitados por el sector público.

Mercado de alimentos

-Uno de ellos se encuentra en el mercado de lácteos, donde el 90% del abastecimiento lo tienen las empresas Gloria, Nestlé y Laive, mientras que el saldo es cubierto por productores artesanales. 

-La industria alimentaria en sí misma está en manos de dos grupos económicos: Alicorp, la subsidiaria del Grupo Romero que tiene entre sus marcas a Primor, Capri, Alacena, Don Vittorio, Blanca Flor, Casino y más; y la mencionada Gloria, de los hermanos arequipeños Jorge y Vito Rodríguez Rodríguez, que elabora jugos, mermeladas, conservas de pescado y otros productos procesados bajo diferentes marcas.

-La industria pesquera también está controlada en un 74% por cuatro gigantes: Pesquera Hayduk S.A., Tecnología de Alimentos S.A (Tasa), Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar; mientras que el 80% de los créditos en el sector bancario lo maneja el BCP (controlado por la familia Romero), BBVA, Scotiabank e Interbank. En tanto, la venta de bebidas y gaseosas es liderada por Arca Continental-Lindley; y el 73% de la comercialización de balones de GLP doméstico está en manos de Zeta Gas, Lima Gas y Solgas, empresas que este año fueron multadas por el Indecopi con S/74 millones por concertación de precios. 

Atraso legal en la concentración empresarial

-A pesar de que 13 países de América contaban con una ley contra la concentración empresarial, entre ellos, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y México, en Perú sólo hubo dos herramientas para acercarse a los negocios del sector privado, antes de la aprobación global. La primera es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas que sanciona la concertación de precios y el abuso de la posición de dominio; y que el 2016 y 2017 permitió a Indecopi desmantelar los acuerdos bajo la mesa de las empresas Kimberly -Clark y Protisa para elevar los costos del papel higiénico, así como la colusión en el precio de los medicamentos promovida por Inkafarma y sus hoy socias farmacéuticas.

-La segunda arma con la que contaba el Estado es la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (N° 26876), vigente desde 1999 y que permitió supervisar 25 fusiones en el rubro de energía: 23 fueron aprobados sin inconvenientes y dos con condiciones. La norma será derogada cuando entre en vigencia el decreto contra la concentración empresarial, pero hay un último caso que está siendo discutido bajo su marco legal: la venta de las mas grande distribuidora de electricidad del Perú, Luz del Sur. 

-El 2019 ingresó a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi el pedido de China Yangzte Power International –del grupo China Three Gorges Corporation– para adquirir el 83,6% de participación de la estadounidense Sempra Energy en Luz del Sur. Indecopi tiene hasta marzo para determinar si esta operación tendrá un impacto negativo en el mercado, teniendo en cuenta que la matriz china ya participa en el sector eléctrico local a través de la Central Hidroeléctrica San Gabán III y la Empresa de Generación Huallaga S.A., que administra la Hidroelectrica de Chaglla, adquirida este año a Odebrecht tras el escándalo del Caso Lava Jato.

Quien es quién en la banca y sus aportes indirectos al partido Fuerza Popular

-Desde hace cinco años, Carlos Rodríguez Pastor Persivale (Nueva York, 1959,hijo de un banquero y exministro de Economía peruano en los ‘80 ) se mantiene como el hombre más rico del Perú, según la revista económica Forbes, y su fortuna durante la pandemia está estimada en US$4.200 millones. A pesar de ello, 18 compañías del billonario fundador del Grupo Intercorp se acogieron a Reactiva Perú, el plan lanzado por el Gobierno de entonces para apoyar a las empresas afectadas por la crisis económica. En total, las subsidiarias de dicho holding recibieron préstamos por S/152,3 millones, con tasas de interés mínimas y avaladas por el Estado.

-En noviembre del 2019, Rodríguez Pastor fue citado por el Ministerio Público en el marco de la investigación a los aportes de campaña no declarados por Fuerza Popular. Allí negó donaciones con fines políticos, pero dijo que Intercorp hizo donaciones a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) el 2009 y 2011. El primero, de US$/178.500, fue para promover la inversión privada; y el segundo, de US$ 200 mil, para impulsar las cámaras de comercio.

El Estado lanza boyas de ayuda

-El Banco de Crédito del Perú (BCP) y Scotiabank, que fueron los principales canalizadores de fondos a favor del Intercorp, ofrecen préstamos regulares con tasas de entre 4,2% y 6,4% para los mismos tipos de clientes. Sin embargo, con el programa Reactiva Perú las subsidiarias del conglomerado dirigido por Rodríguez Pastor obtuvieron liquidez hasta por 1,09% mensual, y con garantía del Estado en caso no puedan devolverlo a tiempo.

Las mineras en el baile

-La promesa de la reactivación económica está puesta en el cobre, un mineral cuyo volumen de explotación anual supera las 2 mil millones de toneladas y ha posicionado al Perú como segundo productor mundial. El 96,4% de esta actividad se concentra en diez empresas con capitales de China, Canadá, Estados Unidos, México, Luxemburgo y Sudáfrica, y ocho de ellas están vinculadas a sedes en paraísos fiscales en su grupo económico y algunas, incluso, tienen accionistas que reciben dividendos en dichos territorios de baja o nula tributación.

-En 2020, las restricciones derivadas por la pandemia redujeron la producción de cobre en Perú en un 12,5%, y aún así se removieron un total de 214 millones de toneladas de tierras y rocas para extraer 245 mil kilos de cobre por hora, valorizados en US$ 2,2 millones en el mercado internacional. Si el metal fuera líquido sería como ver 19 camiones cisternas saliendo de las empresas mineras cada mes. 

 -El año pasado el Perú extrajo 2,1 millones de toneladas de cobre, principalmente de diez regiones andinas.

-La ruta del cobre se inicia en ciudades del sur del país como Arequipa, Moquegua y Tacna; del centro, Apurímac, Pasco, Junín, Ica; y del norte, en Cajamarca. En varias de estas localidades se presentan conflictos vinculados a la compensación por el uso del territorio y las fuentes de agua, y algunas sus comunidades han debido ser reubicadas para dar paso a la actividad minera. 

-Pero las millonarias regalías que deja esta inversión  no se ha traducido necesariamente en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Los distritos donde se ubican estos yacimientos registran niveles desiguales de pobreza monetaria, algunas con mayor acceso a recursos para gastos de consumo, pero muy bajos porcentajes en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el programa de las Naciones Unidas PNUD para medir los años de escolaridad, esperanza de vida e ingresos.

-El 64% del cobre que sale de sus territorios, es decir dos de cada tres toneladas, cruza el continente y termina en China, principal comprador mundial de este mineral, pues lo necesita para fabricar equipos tecnológicos y cubrir los sectores de construcción y manufactura. Cada año el Perú exporta unos US$ 12 mil millones de este metal, y el 96,4% de la producción se concentra en multinacionales de China, Canadá, Estados Unidos, México, Luxemburgo y Sudáfrica que han extendido sus sucursales en el país.

-Integran esta lista Compañía Minera Antapaccay S.A., subsidiaria de la gigante suiza Glencore y que no transparenta el detalle de sus estados financieros, socios ni ingresos obtenidos; Minera Las Bambas S.A. que responde a un conglomerado de empresas chinas y tiene como accionista mayoritario a China Minmetals Corporation (CMC); y Sociedad Minera El Brocal, subsidiaria de la peruana Compañía de Minas Buenaventura que pertenece al empresario Roque Benavides. Él, además, es vicepresidente de directorio en El Brocal.

-Le siguen Minera Antamina, Southern Peru Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Chinalco Perú, Nexa Resources Perú, Hudbay Perú y Gold Fields La Cima, vinculadas con empresas registradas en territorios considerados de baja o nula tributación, y que son conocidos como paraísos fiscales por sus cobros de impuestos reducidos u opacidad societaria. Incluso, algunas trasladan sus ganancias y dividendos a accionistas constituidos en estos lugares.

El poder omnímodo de Delaware y sus ramificaciones

-Delaware es una ciudad costera en Estados Unidos que tiene 973 mil habitantes, pero más de 1,3 millones de compañías registradas. Su opacidad financiera y facilidad para acoger compañías sin que estas deban realizar operaciones o instalar oficinas reales en su territorio, ha hecho que organizaciones que luchan contra la elusión, como Tax Justice Network (TJN), la identifiquen como uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

-Esta localidad es el punto en común de dos de las principales mineras de cobre: Southern Perú Cooper Corporation, que tiene como matriz final al Grupo México y es dirigida por el millonario Germán Larrea; y Sociedad Minera Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport McMoran (53,56%); la japonesa Sumitomo Metal Mining (21%) y la peruana Minas Buenaventura (19,58%). Los registros de Delaware ubican en su jurisdicción a las accionistas mayoritarias de sus sucursales peruanas.

-La primera de estas es Southern Copper Corporation (SCC), dueña del 96,67% de la mina de cobre que opera en las regiones de Moquegua y Tacna, y que está constituida en Orange Street 1209, Wilmington, un inmueble de dos pisos con paredes de ladrillos rojos que funciona como sede de Corporation Trust Company.

-Esta firma actúa como agente registrado o intermediario para recibir documentación a nombre de la compañía, acorde a lo dispuesto por las leyes de Delaware. Además, pertenece al grupo Wolters Kluwer, con sede en Países Bajos, y que ofrece soluciones de software y “servicios en el rubro de impuestos y contabilidad, gobernanza, riesgo y compliance, y regulaciones legales”. 

-En 2020, los estados financieros auditados de Southern Perú Copper muestran que la empresa facturó ingresos por US$ 3.154 millones y, luego del pago de impuestos, obligaciones, gastos y costos, se distribuyó ganancias por US$ 760,9 millones.

Cobre maldito

-Southern Perú le debe estos ingresos al cobre, pues si bien desde hace seis décadas también extrae molibdeno, zinc, plata y oro de sus yacimientos, el mencionado mineral representa el 86% de su producción en los distritos de Ilabaya (mina Toquepala), en Tacna; y Torata (mina Cuajone), en Moquegua. Ambas localidades reportan una pobreza monetaria menor al 11% en su población, sin embargo, el promedio de educación que cursan sus habitantes no supera los diez años según el PNUD. Desde estas ciudades, el metal viaja con destino a Singapur, Japón y Suiza, principales clientes de esta empresa.

-La situación tributaria de su principal competidora, Sociedad Minera Cerro Verde, es diferente. Esta compañía que opera en la región Arequipa no repartió dividendos por los ingresos (US$2.538 millones) y utilidades netas (US$ 274,5 millones) que facturó en 2020. La Junta Anual de Accionistas acordó que no lo harían debido a “posibles pagos de impuestos y cargas administrativas asociados al procedimiento de arbitraje” y por la incertidumbre provocada por la pandemia.

-Sus ingresos anuales fueron un 12% menor a lo registrado en 2019, fecha en la que sí se distribuyeron US$ 150 millones a sus accionistas. La principal beneficiaria de este monto fue la empresa con sede en Delaware, Cyprus Climax Metals Company, pues posee el 53,56% de participación; seguido de SMM Cerro Verde Netherlands B.V (21%), constituido en Países Bajos; y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (19,58%), de Perú.

Relación con los paraisos fiscales

-Hace unas semanas, la OCDE y la cumbre del G7 acordaron fijar un impuesto mínimo global a las grandes compañías para frenar el auge de dichos paraísos fiscales, lo que significará un duro revés para los regímenes de baja o nula tributación donde las corporaciones mineras registran sus ganancias. La medida se adopta en medio de una gran crisis económica, y busca que los países productores conserven su recaudación fiscal.

-En el caso de la minería, los impuestos y contribuciones que hace el sector le deja al Estado un promedio de US$ 2 mil millones, pero por la pandemia este se redujo a US$ 1.648 millones. El Minem y los gremios empresariales han manifestado su confianza en que el alza del precio internacional, promovida por el mayor consumo de China, del cobre ayude a recuperar las cifras de recaudación.

-El Minem respondió por escrito que el 68% de los proyectos mineros previstos en el corto plazo son de cobre, y representan una inversión de US$ 38 mil millones. Entre el 2021 y 2024 empezarán a operar Mina Justa (Ica), de Marcobre S.A.C; Ampliación Toromocho (Junín), de Minera Chinalco Perú S.A.; y Quellaveco (Moquegua) de Anglo American S.A. Esta última iniciará con un contrato de estabilidad vigente hasta 2034.

Sobre el Autor

césar cando mendoza

Estudios superiores en pedagogía y filosofía por las universidades públicas de Loja y la Central de Quito, Ecuador; arte digital en la Universidad de las Américas.- Incursiona en la narración pero sobre todo la poesía; sus muestras creativas aparecen regularmente en revistas electrónicas de dentro y fuera del país. Inició: diciembre de 2021

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