Seleccionar página

ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES

ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES

Asesinados

  • Según el último informe anual de la organización Global Witness, el 2020 fue el año más violento desde que empezaron a monitorear los asesinatos de líderes del medio ambiente. Se registraron 227 casos mientras que en 2019 la cifra fue de 212.
  • Por segundo año consecutivo Colombia, con 65 asesinatos, fue el país más peligroso para los defensores ambientales. En segundo lugar está México con 30 casos y entre los 10 primeros también aparecen Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú.
  • Por segundo año consecutivo, Colombia se posicionó como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medioambiente y los territorios con 65 asesinatos, es decir, el 29 % de los casos. Y no solo esto, en general, Latinoamérica preocupa porque tres de cada cuatro personas asesinadas perdieron la vida en esta región que, además, tiene a siete de sus países en el listado de los 10 más peligrosos para los defensores ambientales. Después de Colombia, México se ubica en el segundo lugar con 30 asesinatos, Brasil en el cuarto lugar con 20, Honduras en el quinto con 17, Guatemala en el séptimo con 13, Nicaragua en el octavo con 12 y Perú en el noveno puesto con 6 asesinatos.
  • la mayoría de los defensores (71 %) fueron asesinados por proteger a los bosques de la deforestación y el desarrollo industrial. Además, el informe destaca que 23 asesinatos estuvieron relacionados con la tala, 20 con agua y represas, 17 con agroindustria, 17 con minería y otras actividades extractivas, 17 con sustitución de cultivos ilegales, 12 con reformas a los usos de la tierra, 6 con la caza furtiva, 2 con vías e infraestructuras y 1 con pesca.

Ecuador

La supervivencia de los siekopai está en peligro

Antecedentes

La Constitución del Ecuador, en su artículo 57, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”. En 1982, el Estado comenzó a delimitar el territorio siekopai y en 1983 las tierras fueron oficialmente adjudicadas a la nacionalidad. El conflicto actual surgió cuando, en el 2008, un grupo de 23 colonos agrupados en una cooperativa denominada Nuevo Oriente, empezó a invadir el flanco suroccidental de una parte de sus tierras, correspondiente a 191 hectáreas de una zona llamada Kokaya, en el cantón Shushufindi. Esto a pesar de que esas tierras fueron adjudicadas al pueblo siekopai oficialmente en 1990 por el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac).

Los líderes siekopai llevan más de 13 años denunciando que el Estado no ha protegido su territorio ancestral de acuerdo con la Constitución, y que los operadores de justicia han entregado acciones posesorias a familias de colonos para que se asienten sobre su propiedad ancestral comunitaria. Un reciente informe  del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica determinó que 86,46 de las 191 hectáreas están deforestadas. “Hay discriminación —dijo Elías Piyahuaje—, buscaron otro título pero no se puede dar título sobre título. La colonización traspasó por encima de nosotros”.

Y es que, además de la Constitución, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales también ordena el reconocimiento de los derechos colectivos sobre los territorios ancestrales, así como la garantía y adjudicación de la posesión ancestral, con base en “fundamentos históricos, antropológicos, socioeconómicos, normativos y culturales”. No obstante, el director distrital del Ministerio de Agricultura de la provincia de Sucumbíos, Franklin Omar Dávila Molina, afirma que su postura se sostiene en los artículos 118 y 119 de esa misma Ley, a pesar de que estos se refieren a tierras rurales estatales y no a territorios ancestrales.

Ángel González, representante legal de la nación siekopai, explicó que en el 2015 los indígenas propusieron una acción de reivindicación de dominio —recurso que permite recuperar un bien, cuando el predio está en posesión de un tercero— que incluyó los títulos de propiedad que el Estado ecuatoriano les concedió desde los años ochenta. Incluso se realizó una inspección judicial ese mismo año y se ratificó la propiedad de las tierras a favor de la nación siekopai. “Un juez multicompetente de Shushufindi dispuso la orden de desalojo pero los colonos apelaron a la Corte Provincial de Sucumbíos, que en 2018 volvió a determinar que el territorio es siekopai; pero los colonos impusieron un recurso de casación y propusieron una fianza de 300 dólares para suspender el desalojo y que el trámite pasara a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en julio del 2019”. El recurso de casación, en el sistema de justicia ecuatoriano, corresponde a la tercera instancia de un proceso y es el único que existe para llegar a la CNJ.

La marcha

Al caer la noche del lunes 23 de agosto, desde las comunas Sewaya, Remolino, San Pablo de Kaatëtsiaya, Bellavista, Waylla y Eno, familias enteras de indígenas siekopai se embarcaron en buses para viajar a Quito. Se trató de la movilización más multitudinaria que este pueblo ancestral amazónico haya organizado en su historia. El objetivo: exigir que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acelere un proceso que lleva tres años de retraso y del cual depende el desalojo de un grupo de colonos que, desde hace 13 años, invadieron parte de su territorio, ubicado al nororiente del país, en la provincia de Sucumbíos.

Colorido

La palabra siekopai significa gente multicolor. Sus atuendos tradicionales recogen la variedad cromática de la selva amazónica y su capacidad de reproducir el entorno en la cotidianidad se muestra también en la larga tradición de hábiles pintores como Ramón Piaguaje, uno de sus más ilustres representantes. El pasado martes, la delegación lucía sus vestimentas tradicionales en medio del bullicio urbano y exigía respuestas a un problema que lleva muchos años.

Las leguleyadas

Ángel Gonzáles, defensor legal, abunda: “los invasores propusieron una demanda de amparo posesorio en 2014, en la que nunca existió sentencia, sino que en 2017 se declaró la nulidad de todo el proceso por no haberse citado adecuadamente a las comunidades indígenas siekopai. Por ello, lo único que hoy traba el desalojo de los colonos es el recurso de casación ante la CNJ”. Sin embargo, desde entonces el proceso se estancó en esa instancia y la respuesta de la CNJ al pedido ha superado el plazo razonable, que de acuerdo con la Ley no debería extenderse más allá de 45 días, y también ha agotado la paciencia de los siekopai que tuvieron que recurrir a la marcha y el plantón.

Amparo legal de la OIT

El Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1991, reconoce “el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos”, y le ordena a los gobiernos garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre los territorios habitados tradicionalmente. Es más, en su artículo 14, dice que: “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. Y más adelante dispone que la ley de los países suscriptores del convenio “deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.

En otras instancias

Mientras esto ocurría, otro grupo de indígenas también visitó a las autoridades del Ministerio de Agricultura (MAG), la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo, para exigir que el Estado, en su conjunto, proteja los derechos ancestrales sobre los territorios colectivos invadidos desde el 2008. Tanto la Asamblea Nacional como la Defensoría del Pueblo asumieron públicamente su compromiso de abrir agendas de seguimiento para que el caso se solucione con celeridad. En el Consejo de la Judicatura, funcionarios de la Dirección de Acceso a la Justicia y de la Dirección de Lucha contra la Violencia de Género reconocieron el retraso en la resolución y se comprometieron a levantar un informe que impulse el caso. (Composición de ¡ajá! con la fuente de Mongabay)

Adonis Lusitande, presidente de la comuna San Pablo; Elías Piyahuaje, presidente de la nación Siekopai, y Ángel González, abogado defensor del pueblo siekopai, ofrecen declaraciones a la prensa en las afueras del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Diego Cazar Baquero.

Adonis Lusitande, presidente de la comuna San Pablo; Elías Piyahuaje, presidente de la nación Siekopai, y Ángel González, abogado defensor del pueblo siekopai, ofrecen declaraciones a la prensa en las afueras del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Diego Cazar Baquero.

Sobre el Autor

césar cando mendoza

Estudios superiores en pedagogía y filosofía por las universidades públicas de Loja y la Central de Quito, Ecuador; arte digital en la Universidad de las Américas.- Incursiona en la narración pero sobre todo la poesía; sus muestras creativas aparecen regularmente en revistas electrónicas de dentro y fuera del país. Inició: diciembre de 2021

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentarios Recientes

No hay comentarios que mostrar.

Línea Del Tiempo

CC-BY-NC-SA

¡ajá! está bajo licencia

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license.

¡ajá! se reserva el derecho de seleccionar las colaboraciones, previo a la publicación, por razón de espacio. No devolvemos los originales.

Dígnese enviar la colaboración en el cuerpo de correo y no en ficheros adjuntos.
Todos los derechos Reservados Quito - Ecuador 2021